El Ministerio de Derechos Sociales ha abierto una investigación contra varias agencias inmobiliarias por prácticas abusivas en la gestión de alquileres. Se han presentado denuncias por cobros ilegales de comisiones, contratos temporales sin justificación y cláusulas abusivas, a pesar de que la nueva Ley Estatal de Vivienda prohíbe estas acciones.

La imposición de comisiones o el cobro por servicios no solicitados, así como el uso de prácticas comerciales desleales, puede resultar en multas de hasta 100.000 euros. La inclusión de cláusulas abusivas podría conllevar sanciones que alcanzan hasta un millón de euros.

Algunas agencias están eludiendo la ley mediante la exigencia de seguros de impago o cargos adicionales. Esta investigación busca salvaguardar los derechos de los inquilinos en un contexto marcado por precios elevados y prácticas desleales. En los últimos meses, muchas personas que intentan alquilar una vivienda han denunciado no solo los precios altos, sino también abusos como el cobro por visitar propiedades.

El ministro ha reiterado que la vivienda es un derecho fundamental y un bien de primera necesidad, afirmando que se tomarán medidas enérgicas contra cualquier violación de los derechos de los inquilinos.