El 98% de los pisos en alquiler vacacional no disponen de licencia y las plataformas no se hacen responsables ya que sólo se consideran intermediarios, se desentienden por completo de la oferta ilegal de vivienda y no siguen un control sobre los vienes inmuebles. Las multas pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000€, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.