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Una acera en mal estado, un pavimento resbaladizo o un obstáculo inesperado pueden provocar accidentes. Sin embargo, no todas las caídas en espacios públicos dan derecho a una indemnización. La clave está en determinar si la Administración incumplió sus obligaciones de conservación y seguridad.

Caminar por la calle es una actividad cotidiana que no debería implicar riesgos extraordinarios. Sin embargo, las irregularidades del pavimento, los obstáculos imprevistos o las superficies deslizantes pueden ocasionar accidentes con consecuencias importantes para los peatones.

Cuando esto sucede, surge una pregunta: ¿puede reclamarse una indemnización al Ayuntamiento o a la Administración responsable de la vía?

La respuesta depende de las circunstancias del accidente, de las condiciones del espacio público y, especialmente, de la posibilidad de demostrar que existe una relación entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido.

No todas las caídas generan derecho a indemnización

Las Administraciones públicas tienen la obligación de mantener las vías públicas en condiciones adecuadas para su utilización. Sin embargo, esta responsabilidad no significa que deban garantizar la inexistencia absoluta de cualquier irregularidad.

La jurisprudencia considera que los peatones también deben prestar una atención razonable al caminar.

Por tanto, para que exista responsabilidad administrativa, el peligro debe superar los riesgos habituales que una persona puede afrontar al transitar por la calle.

Un pequeño desnivel fácilmente perceptible no tiene necesariamente las mismas consecuencias jurídicas que un obstáculo inesperado o una superficie especialmente resbaladiza.

¿Cuándo puede ser responsable el Ayuntamiento?

El artículo 32 de la Ley 40/2015 regula la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.

Para que una reclamación pueda prosperar, deben concurrir determinados requisitos:

  • Existencia de un daño real: las lesiones o perjuicios deben estar acreditados, ser individualizados y poder valorarse económicamente.
  • Relación de causalidad: debe demostrarse que el accidente está relacionado con el funcionamiento del servicio público.
  • Ausencia de fuerza mayor: el daño no debe responder a una circunstancia de fuerza mayor.
  • Carácter antijurídico del daño: la persona perjudicada no debe tener la obligación legal de soportarlo.

La valoración de estos elementos exige estudiar las circunstancias concretas de cada accidente.

Qué dicen los tribunales sobre las caídas en espacios públicos

Las resoluciones judiciales permiten comprender mejor en qué situaciones puede surgir la responsabilidad de la Administración.

Caídas provocadas por superficies deslizantes

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 16 de diciembre de 2002, examinó el accidente de una peatona que resbaló debido a una mancha de aceite en un paso para peatones.

El tribunal apreció responsabilidad municipal porque, pese a conocerse el peligro, no se habían adoptado las medidas necesarias para proteger a quienes transitaban por la zona.

Obstáculos inesperados en la vía pública

En otra sentencia, de 5 de julio de 2006, el Tribunal Supremo analizó una caída ocasionada por un hilo colocado entre dos árboles, a escasa altura del suelo.

La resolución destacó el carácter imprevisible del obstáculo y el deber municipal de mantener las vías en condiciones adecuadas de seguridad.

Pavimentos que presentan riesgo de resbalones

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una sentencia de 11 de diciembre de 2023, abordó un accidente producido en una plaza cuyo pavimento resultaba deslizante.

El tribunal consideró relevante que existieran soluciones técnicas para reducir el riesgo sin alterar significativamente las características del espacio protegido.

Estos ejemplos ponen de manifiesto que la responsabilidad no depende únicamente de que se produzca una caída, sino de las condiciones que la provocaron y de las obligaciones de prevención y mantenimiento de la Administración.

Las pruebas pueden determinar el resultado de la reclamación

Uno de los aspectos fundamentales es acreditar cómo ocurrió el accidente y cuál fue su causa.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 4 de abril de 2024 recuerda que corresponde inicialmente a la persona reclamante demostrar las circunstancias del accidente y su vinculación con el funcionamiento del servicio público.

Por ello, resulta especialmente importante disponer de elementos que permitan reconstruir los hechos, como fotografías del lugar, documentación médica, testimonios o informes relacionados con el estado de la vía.

Una vez acreditadas las circunstancias que fundamentan la reclamación, corresponde a la Administración probar determinados hechos que puedan excluir o modificar su responsabilidad.

¿Cuánto tiempo hay para reclamar?

El artículo 67 de la Ley 39/2015 establece, con carácter general, un plazo de un año para presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial.

Plazo de reclamación: un año. Cuando se trata de daños físicos o psicológicos, el plazo comienza a computarse desde la curación o desde la determinación del alcance de las secuelas.

La solicitud debe recoger, entre otros aspectos, las lesiones sufridas, el momento en que se produjeron, la relación con el funcionamiento del servicio público y, cuando sea posible, la valoración económica del perjuicio.

¿Qué sucede después de presentar la reclamación?

Una vez iniciado el procedimiento administrativo, se abre una fase de instrucción en la que pueden incorporarse documentos, informes y otras pruebas relevantes.

El procedimiento contempla también, cuando corresponda, un trámite de audiencia para que las personas interesadas puedan formular alegaciones.

Finalmente, la Administración debe pronunciarse sobre la existencia de responsabilidad y, en su caso, sobre la indemnización correspondiente.

Si transcurren seis meses desde el inicio del procedimiento sin que se haya notificado una resolución expresa, la reclamación puede entenderse desestimada por silencio administrativo.

La importancia de analizar cada accidente

Sufrir una caída en una calle, plaza o acera no implica automáticamente que exista derecho a recibir una indemnización.

La cuestión determinante es establecer si el estado de la vía o la existencia de un peligro que excedía los riesgos ordinarios del tránsito peatonal contribuyó al accidente de forma jurídicamente relevante.

Por este motivo, conocer las circunstancias del suceso, reunir las pruebas necesarias y respetar los plazos legales resulta esencial para valorar la viabilidad de una reclamación frente a la Administración.

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Cómo proteger judicialmente la reputación de tu empresa https://www.peraltalaw.com/2026/11/13/como-proteger-judicialmente-la-reputacion-de-tu-empresa/ https://www.peraltalaw.com/2026/11/13/como-proteger-judicialmente-la-reputacion-de-tu-empresa/#respond Fri, 13 Nov 2026 13:03:44 +0000 https://www.peraltalaw.com/?p=22243 Construir una buena reputación empresarial puede llevar años. Perderla, en cambio, puede ser cuestión de horas. Una publicación en redes sociales, una noticia que contiene información incorrecta, una acusación infundada o una campaña de desprestigio impulsada por un competidor pueden poner en riesgo la confianza de los clientes y afectar directamente a la actividad de […]

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Construir una buena reputación empresarial puede llevar años. Perderla, en cambio, puede ser cuestión de horas.

Una publicación en redes sociales, una noticia que contiene información incorrecta, una acusación infundada o una campaña de desprestigio impulsada por un competidor pueden poner en riesgo la confianza de los clientes y afectar directamente a la actividad de una empresa.

En un entorno en el que cualquier información puede difundirse rápidamente y permanecer accesible durante años, proteger la reputación empresarial se ha convertido en una cuestión estratégica para las organizaciones.

Pero ¿hasta dónde debe tolerar una empresa las críticas? ¿En qué momento puede intervenir la Justicia? Y, sobre todo, ¿qué herramientas tiene a su alcance para defenderse?

La reputación empresarial, un activo que merece protección jurídica

La difusión de informaciones falsas, acusaciones infundadas o campañas de desprestigio puede provocar importantes daños económicos y reputacionales. Las empresas disponen de diferentes mecanismos legales para defender sus derechos y proteger su imagen.

No todas las críticas justifican una actuación judicial

El primer paso consiste en diferenciar entre una opinión desfavorable y una conducta que puede vulnerar los derechos de la empresa.

Un cliente tiene derecho a expresar su descontento con un servicio, del mismo modo que un consumidor puede compartir una experiencia negativa. La libertad de expresión protege estas manifestaciones, aunque puedan resultar incómodas para el negocio.

La situación cambia cuando se difunden hechos falsos, se realizan acusaciones sin fundamento o se utilizan expresiones que lesionan ilegítimamente el honor de la empresa o de las personas que forman parte de ella.

En estos casos, la respuesta no tiene por qué limitarse a una explicación pública o a una actuación de comunicación corporativa. También existen mecanismos legales para frenar el daño y exigir responsabilidades.

Crítica legítima y ataque reputacional no son lo mismo

Las empresas deben respetar la libertad de expresión, pero pueden defenderse frente a aquellas actuaciones que vulneren ilegítimamente su derecho al honor o perjudiquen su reputación mediante la difusión de falsedades.

La procedencia del ataque determina la estrategia jurídica

No es lo mismo afrontar una información incorrecta publicada por un periódico que una campaña de desprestigio promovida por una empresa competidora.

Tampoco requiere necesariamente la misma respuesta una acusación difundida en redes sociales que una imputación falsa de carácter delictivo.

Por ello, antes de iniciar cualquier actuación, es fundamental identificar quién ha difundido la información, qué contenido tiene, por qué canal se ha publicado y cuáles pueden ser sus consecuencias.

En función de estas circunstancias, la empresa podrá valorar diferentes vías de defensa.

Cuando una noticia perjudica injustamente a la empresa

Si el origen del problema se encuentra en una información difundida por un medio de comunicación, el derecho de rectificación puede ser una de las alternativas más ágiles.

Este mecanismo permite solicitar al medio que publique una versión que corrija los hechos considerados inexactos y perjudiciales.

La rapidez resulta especialmente importante. La solicitud de rectificación debe formularse dentro de los siete días naturales siguientes a la publicación o difusión de la información. El medio dispone, con carácter general, de tres días para publicar la rectificación.

Si no atiende la solicitud en los términos legalmente previstos, existe la posibilidad de acudir a los tribunales mediante un procedimiento específico.

Conviene tener presente que la regulación tradicional del derecho de rectificación presenta limitaciones ante determinados formatos de comunicación digital y publicaciones realizadas por particulares o creadores de contenido.

Derecho de rectificación: la importancia de los plazos

7 días naturales: plazo para solicitar la rectificación desde la publicación o difusión de la información.

3 días: plazo general del que dispone el medio para publicar la rectificación.

Actuar con rapidez resulta fundamental para poder ejercer este derecho dentro de los plazos legalmente establecidos.

Cuando el desprestigio se convierte en una estrategia comercial

En ocasiones, el ataque reputacional no procede de un cliente insatisfecho, sino de otra empresa que opera en el mismo mercado.

Difundir afirmaciones que perjudican la credibilidad de un competidor puede constituir un acto de competencia desleal.

La legislación contempla mecanismos para actuar frente a estas prácticas, incluso cuando determinadas manifestaciones, pese a ser verdaderas, carecen de pertinencia y pueden perjudicar injustificadamente la reputación empresarial.

En estos supuestos, la empresa afectada puede solicitar judicialmente el cese de la conducta, la rectificación de las informaciones y, cuando concurran los requisitos necesarios, una indemnización por los daños ocasionados.

También puede resultar conveniente solicitar medidas cautelares para evitar que el perjuicio continúe mientras se resuelve el procedimiento.

¿Qué puede solicitar la empresa perjudicada?

  • El cese de la conducta de desprestigio.
  • La rectificación de las informaciones difundidas.
  • Una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, cuando proceda.
  • La adopción de medidas cautelares para evitar que el daño continúe.

Cuando las acusaciones van más allá del ámbito empresarial

Las crisis reputacionales pueden adquirir una dimensión especialmente delicada cuando afectan personalmente a los administradores, directivos o trabajadores de una organización.

La atribución falsa de hechos delictivos o determinadas expresiones gravemente ofensivas pueden justificar una actuación por la vía penal.

Las figuras de las calumnias y las injurias permiten reaccionar ante determinadas conductas que superan los límites de una crítica legítima.

No obstante, acudir a esta vía exige valorar cuidadosamente las circunstancias y cumplir los requisitos procesales correspondientes, entre los que puede encontrarse la celebración previa de un acto de conciliación.

Por otra parte, la protección civil del derecho al honor permite solicitar el reconocimiento de la vulneración, el cese de la intromisión ilegítima y la reparación del daño causado.

La elección de una u otra vía dependerá de la naturaleza de las manifestaciones y de los derechos afectados.

El problema de una información que nunca desaparece

Uno de los grandes retos de la reputación digital es la permanencia de los contenidos en Internet.

Una noticia antigua o una acusación difundida años atrás puede seguir apareciendo entre los primeros resultados de búsqueda, incluso cuando las circunstancias que motivaron su publicación han cambiado.

En determinados supuestos, la normativa de protección de datos permite solicitar la retirada de enlaces de los resultados de los buscadores mediante el denominado derecho al olvido.

Esta posibilidad debe analizarse especialmente cuando la información afecta a personas físicas vinculadas a la empresa, puesto que el derecho al olvido en materia de protección de datos no constituye un derecho general de las sociedades mercantiles a eliminar cualquier contenido perjudicial.

Además, la desaparición de un enlace de los resultados de búsqueda no implica necesariamente que la publicación original sea eliminada.

El derecho al olvido tiene límites

La retirada de un enlace de los resultados de búsqueda no supone necesariamente la eliminación de la información original. Además, el derecho al olvido en materia de protección de datos está vinculado a la protección de las personas físicas.

Cómo debería prepararse una empresa ante una crisis reputacional

La defensa de la imagen corporativa no debería improvisarse cuando el problema ya se ha producido.

Contar con un protocolo de actuación puede ayudar a reducir el impacto de una crisis y evitar decisiones precipitadas.

Entre las primeras actuaciones que conviene valorar se encuentran:

  • Conservar las pruebas: guardar las publicaciones, mensajes y demás evidencias del contenido perjudicial.
  • Identificar al responsable: determinar quién ha difundido la información y qué canales ha utilizado.
  • Analizar el contenido: comprobar si se trata de una crítica legítima, una información incorrecta o una conducta jurídicamente reprochable.
  • Evaluar el daño: valorar su alcance y sus posibles consecuencias económicas.
  • Coordinar la respuesta: integrar la estrategia jurídica con la comunicación de la empresa.
  • Actuar con rapidez: especialmente cuando existan plazos legales breves para ejercer determinadas acciones.

Una respuesta pública precipitada puede amplificar el problema. Del mismo modo, una actuación judicial tardía puede dificultar la protección de los intereses empresariales.

Prevención y rapidez: dos elementos fundamentales

Disponer de un protocolo de actuación, conservar las pruebas y coordinar la estrategia jurídica y de comunicación puede resultar decisivo para limitar las consecuencias de una crisis reputacional.

Proteger la reputación también es proteger el negocio

La imagen de una empresa no es únicamente una cuestión de comunicación o marketing. Es un activo que influye en la captación de clientes, las relaciones comerciales, la confianza de los inversores y la capacidad de atraer talento.

Por ello, cuando se produce un ataque ilegítimo contra su reputación, resulta fundamental conocer las herramientas jurídicas disponibles y elegir la respuesta más adecuada.

No siempre será necesario acudir a los tribunales. En ocasiones, una rectificación o una intervención temprana puede ser suficiente. En otras, será imprescindible solicitar medidas judiciales para detener la conducta y reparar sus consecuencias.

Lo importante es que la empresa no confunda la aceptación de las críticas legítimas con la obligación de permanecer indefensa ante la difusión de falsedades o actuaciones que vulneren sus derechos.

La protección de la reputación debe formar parte de la estrategia empresarial

La reputación se construye día a día. Defenderla frente a actuaciones ilegítimas requiere prevención, asesoramiento jurídico y una estrategia adaptada a las circunstancias de cada empresa.

En PeraltaLaw consideramos que la protección jurídica de la reputación empresarial debe abordarse desde una perspectiva preventiva y estratégica, valorando las particularidades de cada situación y las herramientas legales más adecuadas para preservar los intereses de la empresa.

PeraltaLaw | Abogados

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Agro Almería 2026 presenta a los ponentes que analizarán los grandes retos del sector agrícola

PeraltaLaw reúne a expertos en inteligencia artificial, financiación, recursos hídricos, sanidad vegetal y estrategia empresarial en una jornada que se celebrará el 12 de noviembre en Aguadulce (Almería).

La jornada Agro Almería 2026, organizada por PeraltaLaw, ultima los preparativos para su celebración el próximo 12 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Edificio Carrida de Aguadulce (Almería).

El encuentro, dirigido a empresas, comercializadoras, alhóndigas y grandes productores, contará con la participación de destacados profesionales y empresarios que compartirán sus conocimientos y experiencias sobre los principales desafíos del sector agroalimentario.

La principal novedad es la presentación de los cinco ponentes que intervendrán en la jornada: especialistas que aportarán una visión práctica sobre cuestiones fundamentales para la competitividad, la seguridad jurídica y el futuro de las empresas agrícolas.

Cinco ponentes con experiencia en ámbitos estratégicos para el sector

Víctor Santiago, Guillermo López, Miguel Ángel Luna, Aarón Sáez Vicente y José Luís Sánchez serán los protagonistas de un encuentro que combinará el análisis jurídico con la experiencia empresarial, la innovación tecnológica y la gestión de recursos.

Víctor Santiago: sanidad vegetal y soluciones frente a las plagas

Víctor Santiago, propietario de Legalix Consulting y experto en productos fitosanitarios, abordará uno de los problemas que más preocupan actualmente a los productores almerienses: el control de plagas.

Su intervención se centrará especialmente en las soluciones de residuo cero para combatir el trips, una plaga que está afectando con dureza a los cultivos de la provincia.

Asimismo, analizará cuestiones relacionadas con la bioestimulación y la sanidad vegetal, aspectos fundamentales para la protección y el desarrollo de las explotaciones agrícolas.

Guillermo López: inteligencia artificial y digitalización agroalimentaria

La transformación tecnológica tendrá un papel destacado con la participación de Guillermo López, fundador de Vida Austera y especialista en inteligencia artificial.

Durante su intervención explicará cómo la inteligencia artificial y la digitalización están revolucionando la gestión de las marcas y los procesos en el entorno agroalimentario.

Su aportación permitirá acercar a las empresas agrícolas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para modernizar sus procesos y afrontar los desafíos de un mercado en constante evolución.

Miguel Ángel Luna: financiación y gestión económica de las empresas agrícolas

La financiación de las campañas agrícolas será otro de los grandes ejes de la jornada, con la intervención de Miguel Ángel Luna, profesional con una amplia trayectoria en el sector bancario.

Exdirector en Banco Popular y Santander y actualmente representante del Banco López de Haro, Luna aportará su experiencia sobre la financiación, la gestión económica y las claves financieras que condicionan la actividad diaria de las empresas agrícolas.

Su participación permitirá analizar cuestiones relacionadas con la liquidez, las necesidades de financiación y la planificación económica de las campañas.

Aarón Sáez Vicente: gestión del agua y sostenibilidad agrícola

El acceso al agua y la optimización de los recursos hídricos constituyen algunos de los mayores desafíos para la agricultura almeriense.

Para profundizar en esta cuestión, la jornada contará con Aarón Sáez Vicente, profesional de Dakady, empresa vinculada al sector agro y hortofrutícola y especializada en la gestión eficiente de los recursos hídricos.

Su intervención abordará la optimización del agua de riego y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas, dos aspectos especialmente relevantes en un territorio donde la disponibilidad de recursos hídricos resulta determinante para la actividad productiva.

José Luís Sánchez: experiencia empresarial y crecimiento estratégico

El encuentro contará también con José Luís Sánchez, empresario con una dilatada trayectoria y experiencia en importación y exportación.

Su participación aportará una visión empresarial sobre la toma de decisiones y las estrategias de crecimiento del tejido productivo.

Desde su experiencia en el ámbito empresarial y el comercio internacional, compartirá algunas de las claves que deben tener en cuenta las compañías para afrontar los retos del mercado y desarrollar sus estrategias de negocio.

Cinco perspectivas complementarias

Sanidad vegetal, inteligencia artificial, financiación, gestión del agua y estrategia empresarial serán los grandes ámbitos de conocimiento representados por los ponentes de Agro Almería 2026.

Miguel Peralta coordinará la jornada

La coordinación de Agro Almería 2026 estará a cargo de Miguel Peralta, abogado especializado en Derecho Mercantil y Civil, con 40 años de experiencia profesional.

Su participación permitirá incorporar una perspectiva jurídica al análisis de los desafíos empresariales, especialmente en aquellas cuestiones relacionadas con la protección de los intereses de las compañías y la defensa estratégica de su actividad.

Los principales asuntos que se abordarán en Agro Almería 2026

Además de las intervenciones de los ponentes, el programa contempla el análisis de diferentes materias de especial relevancia para las empresas agrícolas.

1. Ley de la Cadena Alimentaria

Análisis del marco normativo y de las cuestiones de seguridad jurídica que afectan a las empresas del sector agroalimentario.

2. Recursos hídricos y Ley de Aguas

Estudio del marco legal frente a la escasez hídrica, especialmente en zonas caracterizadas por la innovación tecnológica y el desarrollo de sistemas avanzados de riego.

3. Marcas europeas y de terceros países

Análisis de las estrategias procesales ante la introducción de productos importados procedentes de países extracomunitarios.

4. Financiación de la campaña agrícola

Alternativas para optimizar la liquidez empresarial mediante la combinación de ayudas públicas y financiación privada, incluyendo las ayudas relacionadas con las recientes inundaciones.

5. Protección judicial y defensa estratégica

Cuestiones jurídicas orientadas a la defensa de los intereses de las empresas agrícolas y a la protección de su actividad.

Un encuentro entre especialistas y empresas del campo

Con esta jornada, PeraltaLaw propone un espacio de análisis y encuentro entre profesionales del ámbito jurídico, financiero, tecnológico y empresarial, con el objetivo de abordar desde diferentes perspectivas los desafíos que afronta el sector agrícola.

La participación de los cinco ponentes permitirá combinar conocimientos especializados con experiencias directamente vinculadas a la realidad de las empresas agroalimentarias.

Información e inscripciones

Agro Almería 2026

Fecha: Jueves, 12 de noviembre de 2026

Hora: 18:00 h

Lugar: Edificio Carrida, Aguadulce (Almería)

Organiza: PeraltaLaw

Contacto: info@peraltalaw.com

Últimas horas para inscribirse.

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Peraltalaw Abogados participa en «Quién es quién» Jaén 2026 del diario IDEAL https://www.peraltalaw.com/2026/11/09/peraltalaw-abogados-participa-en-quien-es-quien-jaen-2026-del-diario-ideal/ https://www.peraltalaw.com/2026/11/09/peraltalaw-abogados-participa-en-quien-es-quien-jaen-2026-del-diario-ideal/#respond Mon, 09 Nov 2026 12:40:35 +0000 https://www.peraltalaw.com/?p=22236 Miguel Peralta López, director de Peraltalaw Abogados, participó el 6 de noviembre de 2026 en la Gala «Quién es quién» Empresas Jaén 2026, una iniciativa promovida por el diario IDEAL junto a San Telmo Business School y Caja Rural de Jaén para dar visibilidad al tejido empresarial de la provincia. El evento reunió a empresarios, […]

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Miguel Peralta López, director de Peraltalaw Abogados, participó el 6 de noviembre de 2026 en la Gala «Quién es quién» Empresas Jaén 2026, una iniciativa promovida por el diario IDEAL junto a San Telmo Business School y Caja Rural de Jaén para dar visibilidad al tejido empresarial de la provincia.

El evento reunió a empresarios, directivos y profesionales de diferentes sectores económicos de Jaén, en un encuentro dedicado a destacar la trayectoria, el talento y la contribución de las empresas al desarrollo económico y social de la provincia.

¿Qué es «Quién es quién» Empresas Jaén del diario IDEAL?

«Quién es quién» Empresas Jaén es una iniciativa del periódico IDEAL cuyo objetivo es dar a conocer a las empresas, empresarios y profesionales que desempeñan un papel relevante en la actividad económica de la provincia.

A través de una publicación especial, el diario presenta la trayectoria, actividad, especialización y principales características de diferentes firmas del territorio, ofreciendo una visión del tejido empresarial jiennense.

La edición de 2026 contó con una gala celebrada el 6 de noviembre, promovida por IDEAL junto a San Telmo Business School y Caja Rural de Jaén.

Este encuentro representa una oportunidad para favorecer las relaciones empresariales, compartir experiencias y poner en valor el trabajo de quienes contribuyen al crecimiento económico y profesional de Jaén.

Miguel Peralta representa a Peraltalaw Abogados en la gala

Miguel Peralta López, director de Peraltalaw Abogados, estuvo presente en esta edición de «Quién es quién» Empresas Jaén 2026, una iniciativa que también ha contribuido a dar visibilidad a la trayectoria del despacho.

Con más de 40 años de experiencia en el ámbito jurídico, Peraltalaw Abogados desarrolla su actividad en Jaén, ofreciendo asesoramiento y defensa legal a empresas y particulares.

La firma cuenta con una trayectoria consolidada en diferentes áreas del Derecho y mantiene una estrecha vinculación con el entorno empresarial de la provincia.

Su presencia en esta iniciativa del diario IDEAL permite dar a conocer su experiencia profesional y su actividad dentro del sector de los servicios jurídicos.

Un encuentro que pone en valor el tejido empresarial de Jaén

La Gala «Quién es quién» Empresas Jaén 2026 pone de relieve la importancia de las empresas y profesionales que contribuyen al dinamismo económico de la provincia.

Para Peraltalaw Abogados, participar en este encuentro supone formar parte de una iniciativa que da visibilidad a la actividad empresarial y profesional de Jaén, así como a las firmas que han construido su trayectoria a través de años de trabajo y especialización.

La edición de 2026 vuelve a destacar el valor de las empresas locales y su contribución al desarrollo económico y social del territorio.

Sobre PERALTALAW ABOGADOS

PERALTALAW ABOGADOS es un despacho jurídico con sede en Jaén que cuenta con más de 40 años de trayectoria en el asesoramiento y la defensa de los intereses de empresas y particulares.

Dirigido por Miguel Peralta López, el despacho ofrece asesoramiento jurídico en diferentes áreas del Derecho, combinando la experiencia profesional con un trato cercano y personalizado.

A lo largo de su trayectoria, PERALTALAW ABOGADOS ha consolidado su presencia en el ámbito jurídico y empresarial de Jaén, acompañando a sus clientes en la resolución de conflictos, la prevención de riesgos legales y la toma de decisiones.

Su participación en la edición 2026 de «Quién es quién» Empresas Jaén refleja su vinculación con el tejido empresarial de la provincia y su dilatada trayectoria profesional.

Más información: www.peraltalaw.com

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Conflictos sucesorios en la empresa familiar: litigios civiles y mercantiles https://www.peraltalaw.com/2026/11/06/conflictos-sucesorios-en-la-empresa-familiar-litigios-civiles-y-mercantiles/ https://www.peraltalaw.com/2026/11/06/conflictos-sucesorios-en-la-empresa-familiar-litigios-civiles-y-mercantiles/#respond Fri, 06 Nov 2026 10:09:24 +0000 https://www.peraltalaw.com/?p=22230 Los conflictos sucesorios en la empresa familiar constituyen uno de los ámbitos más complejos de la litigación civil y mercantil. Las discrepancias entre herederos, las impugnaciones testamentarias, los desacuerdos sobre la valoración de participaciones sociales y las controversias relacionadas con el control de la sociedad pueden desencadenar procedimientos judiciales especialmente largos y desgastantes. La particularidad […]

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Los conflictos sucesorios en la empresa familiar constituyen uno de los ámbitos más complejos de la litigación civil y mercantil. Las discrepancias entre herederos, las impugnaciones testamentarias, los desacuerdos sobre la valoración de participaciones sociales y las controversias relacionadas con el control de la sociedad pueden desencadenar procedimientos judiciales especialmente largos y desgastantes.

La particularidad de estos litigios reside en la combinación de vínculos familiares, intereses económicos y derechos jurídicos enfrentados. Una disputa sobre el reparto de una herencia puede terminar afectando a la administración de la empresa, a la titularidad de sus activos o a los derechos de los socios.

Desde una perspectiva procesal, estos son algunos de los principales conflictos que pueden plantearse ante los tribunales cuando la sucesión de una empresa familiar desemboca en un enfrentamiento judicial.

1. División judicial de la herencia: cuando los herederos no llegan a un acuerdo

Uno de los conflictos sucesorios más habituales en la empresa familiar surge cuando los herederos no consiguen ponerse de acuerdo sobre el reparto del patrimonio empresarial.

La controversia puede afectar a la adjudicación de participaciones sociales, a los bienes que integran la herencia o a las compensaciones económicas entre los sucesores.

Cuando las discrepancias impiden alcanzar una solución consensuada, el conflicto puede desembocar en un procedimiento de división judicial de la herencia.

En estos litigios, la existencia de una empresa dentro del patrimonio hereditario introduce dificultades adicionales, especialmente cuando no todos los herederos participan en su gestión o mantienen intereses distintos respecto a su continuidad.

Las diferencias sobre el reparto patrimonial pueden convertirse así en una controversia judicial que trasciende el ámbito estrictamente familiar.

Cuestión procesal destacada: La falta de acuerdo sobre la adjudicación de participaciones sociales o las compensaciones económicas puede desembocar en un procedimiento de división judicial de la herencia.

2. Impugnación de testamentos y reclamaciones de legítima

Los testamentos también pueden convertirse en el origen de importantes litigios sucesorios.

Entre las situaciones que pueden provocar conflictos se encuentran la omisión de legitimarios, las disposiciones testamentarias que no contemplan cambios familiares posteriores o la adjudicación de la empresa a uno solo de los herederos sin una compensación adecuada para los demás.

El artículo 814 del Código Civil contempla las consecuencias jurídicas de la preterición de legitimarios.

Por su parte, el artículo 1056 del Código Civil permite, en los términos previstos legalmente, establecer determinadas disposiciones para conservar indivisa una explotación económica o mantener el control de una sociedad, con las correspondientes compensaciones.

En el terreno judicial, estas situaciones pueden dar lugar a impugnaciones testamentarias y reclamaciones relacionadas con los derechos legitimarios.

La controversia puede resultar especialmente compleja cuando la compensación de los herederos depende del valor atribuido a una empresa familiar.

Referencias legales: Los artículos 814 y 1056 del Código Civil aparecen entre las disposiciones relevantes para los conflictos relacionados con la preterición de legitimarios y la conservación de la empresa.

3. La valoración de participaciones sociales y los conflictos periciales

La valoración de participaciones de sociedades no cotizadas constituye uno de los principales focos de litigación en las sucesiones empresariales.

Determinar el valor de estas participaciones resulta necesario para calcular la legítima y elaborar el cuaderno particional.

Sin embargo, las discrepancias pueden surgir cuando los herederos cuestionan la valoración realizada por el contador-partidor o consideran que el importe atribuido a las participaciones no refleja su valor real.

En estos casos, el conflicto se traslada al ámbito de la prueba pericial.

Las diferencias sobre la valoración pueden desembocar en impugnaciones de las operaciones particionales o en acciones de complemento de legítima.

Cuando existe un convenio arbitral aplicable, el arbitraje puede ofrecer una vía alternativa para resolver estas controversias.

Aspecto probatorio: La valoración de las participaciones sociales puede convertirse en el elemento central del litigio, especialmente cuando existen discrepancias sobre las operaciones particionales.

4. Impugnación de acuerdos sociales y conflictos entre herederos y socios

La transmisión de participaciones sociales por fallecimiento de uno de los socios puede generar enfrentamientos entre los herederos y los socios que permanecen en la compañía.

Uno de los puntos de conflicto aparece cuando los intereses de los legitimarios entran en contradicción con el deseo de los socios supervivientes de controlar quién se incorpora al capital social.

Los estatutos pueden contemplar derechos de adquisición preferente a favor de los socios o de la propia sociedad, con las condiciones correspondientes.

Cuando estas cuestiones no están suficientemente reguladas, pueden surgir controversias societarias paralelas a los conflictos hereditarios.

De esta forma, una misma sucesión puede terminar dando lugar a litigios tanto en el ámbito civil como en el mercantil.

La coexistencia de ambas controversias añade complejidad al enfrentamiento judicial, puesto que los derechos hereditarios y los derechos societarios deben examinarse conforme a sus respectivas normas.

5. Protocolos familiares: controversias sobre su eficacia jurídica

Los protocolos familiares pueden adquirir especial relevancia cuando las relaciones entre los herederos y la sociedad desembocan en un litigio.

Estos documentos suelen regular cuestiones como el acceso de los familiares a la gestión, los criterios de sucesión, la política de dividendos, los órganos de gobierno y los mecanismos de resolución de conflictos.

Sin embargo, pueden surgir controversias cuando su contenido no coincide con los estatutos sociales o con las disposiciones sucesorias del fundador.

En estos supuestos, una de las partes puede invocar el protocolo familiar como contrato obligacional, mientras que otra puede cuestionar su eficacia.

La controversia se centra entonces en determinar el alcance jurídico de los compromisos asumidos y las consecuencias de su posible incumplimiento.

6. Pactos parasociales y reclamaciones por incumplimiento contractual

Los pactos parasociales constituyen otro posible origen de litigios en la empresa familiar.

Estos acuerdos pueden regular cuestiones como la sindicación de voto, la distribución de dividendos o los derechos de arrastre y acompañamiento.

El conflicto aparece cuando los herederos desconocen su existencia o cuando su contenido resulta incompatible con los estatutos sociales o con las disposiciones testamentarias.

Desde el punto de vista jurídico, los pactos parasociales no son directamente oponibles a la sociedad.

Su incumplimiento puede generar responsabilidad contractual, pero no determina por sí solo la invalidez de los acuerdos sociales.

Esta distinción resulta especialmente importante en los litigios donde se pretende exigir el cumplimiento de compromisos asumidos entre socios.

Distinción jurídica: El incumplimiento de un pacto parasocial puede generar responsabilidad contractual, pero no implica por sí mismo la invalidez de los acuerdos sociales.

7. Confusión patrimonial y acciones de responsabilidad contra administradores

La falta de separación entre el patrimonio personal de los socios y el patrimonio de la empresa puede convertirse en un importante foco de litigación sucesoria.

Entre las situaciones que pueden originar controversias se encuentran el pago de gastos personales con recursos de la sociedad, la existencia de inmuebles familiares inscritos a nombre de la compañía o los avales cruzados entre ambos patrimonios.

Cuando se produce la sucesión, estas circunstancias pueden generar discrepancias sobre la titularidad de determinados bienes.

Los conflictos pueden desembocar en reclamaciones patrimoniales y acciones de responsabilidad contra administradores.

La controversia puede desarrollarse tanto en el ámbito civil como en el mercantil, dependiendo de la naturaleza de las pretensiones ejercitadas.

8. La concurrencia de litigios civiles y mercantiles en una misma sucesión

Una de las principales características de los conflictos sucesorios en la empresa familiar es la posibilidad de que una misma controversia origine diferentes procedimientos judiciales.

Las discrepancias entre herederos pueden comenzar con una discusión sobre el reparto de la herencia y extenderse posteriormente a la valoración de participaciones, la titularidad de activos o el funcionamiento de la sociedad.

Así, una reclamación de legítima puede coexistir con una controversia societaria, mientras que los desacuerdos sobre el patrimonio empresarial pueden dar lugar a acciones de responsabilidad contra administradores.

Esta concurrencia de litigios pone de manifiesto la complejidad jurídica de las sucesiones empresariales, en las que los derechos hereditarios y societarios se encuentran estrechamente relacionados.

Conclusión: cuando la sucesión empresarial termina en los tribunales

Los conflictos sucesorios en la empresa familiar pueden dar lugar a procedimientos judiciales de especial complejidad, tanto por los intereses económicos en juego como por la concurrencia de relaciones familiares y societarias.

Las demandas de división judicial de herencia, las impugnaciones testamentarias, las reclamaciones de legítima, las controversias sobre valoración de participaciones y las acciones de responsabilidad contra administradores son algunas de las principales manifestaciones de esta litigiosidad.

A ello se suman los conflictos relacionados con los protocolos familiares, los pactos parasociales y los derechos de los socios tras el fallecimiento de uno de los titulares de la empresa.

Desde la perspectiva del derecho procesal civil y mercantil, estas controversias muestran cómo una sucesión puede convertirse en un conjunto de litigios interrelacionados, en los que no solo se discute el reparto de un patrimonio, sino también la titularidad de los bienes, los derechos de los herederos y el control de la sociedad.

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La competencia desleal en la cadena alimentaria en la normativa europea: la directiva 2019/633 del Parlamento Europeo. https://www.peraltalaw.com/2026/11/02/la-competencia-desleal-en-la-cadena-alimentaria-en-la-normativa-europea-la-directiva-2019-633-del-parlamento-europeo/ https://www.peraltalaw.com/2026/11/02/la-competencia-desleal-en-la-cadena-alimentaria-en-la-normativa-europea-la-directiva-2019-633-del-parlamento-europeo/#respond Mon, 02 Nov 2026 20:18:09 +0000 https://www.peraltalaw.com/?p=22218 La Ley española de la cadena alimentaria tiene por objeto regular las relaciones entre los agentes del mercado productor y distribuidor alimentario para evitar desequilibrios en las relaciones comerciales y favorecer una competencia justa. La Directiva europea sobre prácticas comerciales desleales La Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo regula las prácticas comerciales […]

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La Ley española de la cadena alimentaria tiene por objeto regular las relaciones entre los agentes del mercado productor y distribuidor alimentario para evitar desequilibrios en las relaciones comerciales y favorecer una competencia justa.

La Directiva europea sobre prácticas comerciales desleales

La Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo regula las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas de la cadena de suministro agrícola y alimentario.

Esta normativa establece un marco común para todos los Estados miembros destinado a combatir las prácticas que se apartan manifiestamente de las buenas conductas comerciales y resultan contrarias a la buena fe y a la lealtad comercial.

La Directiva establece una lista mínima de prácticas comerciales desleales prohibidas para proteger las relaciones entre proveedores y compradores de productos agrícolas y alimentarios.

Qué prácticas comerciales se prohíben

La regulación aborda determinadas condiciones y actuaciones impuestas unilateralmente por una de las partes, especialmente en las relaciones en las que existe una diferencia de capacidad económica entre los agentes.

Entre las prácticas contempladas se encuentran los retrasos en el pago de productos agrícolas y alimentarios, la cancelación de pedidos en determinadas condiciones, las modificaciones unilaterales de los contratos, la negativa a confirmar por escrito sus condiciones cuando corresponda y la obtención, utilización o divulgación ilícitas de secretos comerciales.

La aplicación en la normativa española

La Directiva se incorporó al ordenamiento español mediante la modificación de la Ley de la cadena alimentaria aprobada en 2021. Esta adaptación refuerza el marco de protección frente a las prácticas comerciales desleales en el sector.

La normativa española permite hacer valer esta protección ante los tribunales españoles a través de las disposiciones que incorporan la Directiva al ordenamiento nacional.

PeraltaLaw organiza una jornada sobre la defensa de la empresa agrícola

La Ley de la cadena alimentaria será uno de los temas de la jornada «Protección judicial y defensa estratégica de la empresa agrícola», organizada por PeraltaLaw el próximo 12 de noviembre de 2026, a las 18:00 horas, en el Edificio Carrida de Aguadulce (Almería).

La sesión abordará esta normativa y su relevancia para la protección de los márgenes de comercializadoras y grandes productores. También se tratarán el marco jurídico de los recursos hídricos, las estrategias ante la introducción de productos de países extracomunitarios y las alternativas de financiación de la campaña agrícola.

La jornada estará coordinada por Miguel Peralta, abogado especializado en Derecho Mercantil y Civil con 40 años de experiencia.

Información de la jornada

Fecha: 12 de noviembre de 2026, a las 18:00 horas.

Lugar: Edificio Carrida, Aguadulce (Almería).

Para solicitar más información, contacta con info@peraltalaw.com.

PDF CON MAS INFORMACIÓN

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Ley de Segunda Oportunidad y vivienda habitual: qué opciones existen si tienes hipoteca https://www.peraltalaw.com/2026/11/02/ley-de-segunda-oportunidad-y-vivienda-habitual-que-opciones-existen-si-tienes-hipoteca/ https://www.peraltalaw.com/2026/11/02/ley-de-segunda-oportunidad-y-vivienda-habitual-que-opciones-existen-si-tienes-hipoteca/#respond Mon, 02 Nov 2026 19:30:53 +0000 https://www.peraltalaw.com/?p=22215 La posibilidad de cancelar deudas sin perder la vivienda es una de las principales preocupaciones de quienes se plantean recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad. Tener una hipoteca no impide por sí mismo solicitar la exoneración, pero exige analizar qué procedimiento corresponde y cuáles serán sus efectos sobre el inmueble. Para responder, es necesario […]

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La posibilidad de cancelar deudas sin perder la vivienda es una de las principales preocupaciones de quienes se plantean recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad. Tener una hipoteca no impide por sí mismo solicitar la exoneración, pero exige analizar qué procedimiento corresponde y cuáles serán sus efectos sobre el inmueble.

Para responder, es necesario diferenciar tres cuestiones: la cancelación de las deudas exonerables, la conservación de la propiedad y la continuidad del préstamo hipotecario.

Qué vías permite la Ley de Segunda Oportunidad

La legislación concursal contempla la exoneración mediante un plan de pagos, sin liquidación previa del patrimonio, y la exoneración vinculada a la liquidación. El acceso a cada modalidad depende de la situación del deudor y de las características del procedimiento.

También regula el concurso sin masa. Este puede existir aunque haya bienes, por ejemplo, cuando las cargas que soportan superan su valor de mercado. Por tanto, ser propietario de una vivienda no excluye necesariamente esta situación.

Qué aporta la sentencia del Tribunal Supremo sobre el plan de pagos

La sentencia 1275/2026, de 22 de julio, analiza un concurso iniciado bajo la normativa anterior a la reforma de 2022, que concluyó por insuficiencia de masa activa sin vender la vivienda habitual.

El Supremo explica que la modalidad de exoneración con plan de pagos no resulta aplicable al concurso sin masa ni a la conclusión por insuficiencia de masa activa. Asimismo, recuerda que el plan debe recoger los pagos de los créditos exonerables que el deudor asuma. Una propuesta centrada en recalcular las cuotas hipotecarias no cumple por sí sola esa exigencia.

El plan de pagos debe incluir los pagos de los créditos exonerables que el deudor se comprometa a asumir. No basta con plantear un recálculo de las cuotas de la hipoteca.

Conservar la vivienda no significa cancelar la hipoteca

La resolución admite que, en determinados supuestos, la vivienda puede permanecer en el patrimonio del deudor al no haberse realizado en el concurso. Sin embargo, esto no supone extinguir la garantía hipotecaria ni garantiza la conservación definitiva del inmueble.

Las deudas con garantía real tienen un tratamiento específico y están excluidas de la exoneración dentro del límite legal del privilegio especial. Si se incumple el préstamo, la vivienda puede continuar expuesta a una ejecución hipotecaria.

Conservar la propiedad de la vivienda tras el concurso no implica que desaparezca la hipoteca ni que dejen de ser exigibles las obligaciones que subsistan.

Qué conviene revisar antes de solicitar la exoneración

Antes de iniciar el procedimiento, es necesario comparar el valor actualizado de la vivienda con el capital hipotecario pendiente, comprobar las cargas y analizar los ingresos disponibles. También debe determinarse qué obligaciones podrían cancelarse y cuáles seguirían siendo exigibles.

Este análisis permite valorar conjuntamente la viabilidad jurídica de la solicitud y la capacidad económica para mantener los compromisos que subsistan.

Asesoramiento sobre Segunda Oportunidad en Peraltalaw

Peraltalaw analiza la situación económica y patrimonial de cada cliente para estudiar las alternativas disponibles ante la insolvencia.

Si existen deudas que ya no pueden atenderse y una vivienda que se desea conservar, el primer paso es conocer el alcance real de cada opción antes de presentar la solicitud.

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Ley de Segunda Oportunidad y cómo dar el primer paso para cancelar deudas https://www.peraltalaw.com/2026/10/30/ley-de-segunda-oportunidad-y-como-dar-el-primer-paso-para-cancelar-deudas/ https://www.peraltalaw.com/2026/10/30/ley-de-segunda-oportunidad-y-como-dar-el-primer-paso-para-cancelar-deudas/#respond Fri, 30 Oct 2026 12:50:02 +0000 https://www.peraltalaw.com/?p=22208 La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos en situación de insolvencia solicitar la cancelación de las deudas que no pueden afrontar, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Su finalidad es ofrecer una salida a quienes han llegado a una situación de sobreendeudamiento y necesitan recuperar cierta estabilidad […]

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La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos en situación de insolvencia solicitar la cancelación de las deudas que no pueden afrontar, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Su finalidad es ofrecer una salida a quienes han llegado a una situación de sobreendeudamiento y necesitan recuperar cierta estabilidad económica.

La pérdida de empleo, una reducción prolongada de los ingresos o el cierre de un negocio pueden hacer que los compromisos adquiridos dejen de ser asumibles. Cuando pagar las cuotas exige recurrir continuamente a nuevos préstamos, resulta conveniente estudiar las alternativas legales disponibles.

La segunda oportunidad puede ser una de ellas. Sin embargo, la cancelación de deudas no es automática ni tiene el mismo alcance en todos los casos. Antes de iniciar cualquier actuación, es necesario analizar la situación económica, el origen de las obligaciones pendientes y el patrimonio de la persona.

Qué permite la Ley de Segunda Oportunidad

Este mecanismo contempla la posibilidad de obtener la denominada exoneración del pasivo insatisfecho. Se trata de una resolución judicial que puede liberar al deudor de determinadas deudas pendientes, en las condiciones previstas por la normativa concursal.

Su alcance depende, entre otros aspectos, de la naturaleza de las obligaciones. Por eso, no debe darse por hecho que todas las deudas pueden eliminarse o que el procedimiento permitirá conservar cualquier bien.

Más allá de conocer cuánto se debe, el estudio inicial debe aclarar a quién se debe, qué ingresos existen y cuáles son los gastos necesarios. Esa información permite valorar si la Ley de Segunda Oportunidad encaja con las circunstancias del caso.

Quién puede acogerse a la segunda oportunidad

La segunda oportunidad está dirigida a personas físicas, tanto particulares como autónomos, que se encuentran en situación de insolvencia y cumplen las condiciones legales para acceder a la exoneración.

La buena fe constituye una exigencia esencial. Su valoración requiere examinar las circunstancias previstas en la ley y la conducta del deudor. También es necesario aportar información completa y cumplir las obligaciones de colaboración durante el procedimiento.

Por tanto, tener deudas no basta para determinar si una persona puede acogerse. La respuesta exige una revisión individual, especialmente cuando existen bienes, préstamos hipotecarios u obligaciones con las administraciones públicas.

El análisis previo es fundamental. Conocer las deudas, los ingresos y el patrimonio permite valorar las opciones disponibles y las posibles consecuencias de cada alternativa.

Cómo estudia PeraltaLaw Abogados cada caso

Ese análisis previo es el punto de partida del trabajo de PeraltaLaw Abogados. El despacho organiza la atención inicial en tres fases que permiten conocer la situación, resolver dudas y definir los siguientes pasos.

Primera consulta gratuita para explicar la situación

El proceso de atención comienza con una consulta gratuita, que puede realizarse de forma presencial, por teléfono o mediante videoconferencia.

Durante este primer encuentro, la persona puede explicar qué ha ocurrido, cuáles son sus principales dificultades y qué cuestiones le preocupan. La posibilidad de mantener la consulta a distancia facilita este primer contacto sin necesidad de desplazarse.

Evaluación del caso y de las alternativas disponibles

Durante la entrevista, el equipo de PeraltaLaw Abogados evalúa la situación y ofrece orientación sobre las alternativas que conviene estudiar.

Esta valoración permite identificar qué documentación resulta necesaria para analizar el expediente. La relación de acreedores, los contratos de financiación, los justificantes de ingresos y la información sobre el patrimonio ayudan a comprender la dimensión del problema.

También es el momento de plantear preguntas sobre las deudas pendientes, las posibles consecuencias del procedimiento y las circunstancias que pueden influir en su viabilidad.

Propuesta de un plan de acción adaptado

Una vez analizado el expediente, PeraltaLaw Abogados presenta una propuesta formal ajustada al caso, con los pasos recomendados, los recursos necesarios y las condiciones del servicio.

Este plan permite conocer cómo se abordaría el asunto antes de decidir si se inicia el procedimiento. Las tres fases describen la metodología de atención del despacho; la posterior tramitación judicial dependerá de las características del expediente y de la vía legal aplicable.

Qué conviene aclarar antes de iniciar el procedimiento

Una de las principales dudas es qué deudas podrían cancelarse. También es habitual preguntarse qué ocurrirá con la vivienda, si podrán conservarse determinados bienes o cómo afectará el proceso a la actividad profesional.

Estas cuestiones deben resolverse a partir de la documentación y de las circunstancias concretas. La conservación de una vivienda hipotecada y el tratamiento de las deudas con Hacienda o la Seguridad Social requieren un análisis específico, por lo que no pueden anticiparse como resultados garantizados.

Conocer estas posibilidades desde el principio ayuda a tomar una decisión informada y a entender qué puede aportar realmente la segunda oportunidad.

Un primer paso para valorar cómo afrontar las deudas

La Ley de Segunda Oportunidad puede ofrecer una salida cuando las obligaciones económicas superan la capacidad de pago. Para valorar esa opción, el primer paso consiste en ordenar la información y estudiar las alternativas con asesoramiento jurídico.

PeraltaLaw Abogados, con más de 40 años de experiencia, ofrece una primera consulta gratuita para conocer el caso. La atención puede ser presencial, telefónica o por videoconferencia y, para facilitar el acceso al servicio, el despacho contempla el pago de sus honorarios en 12 meses.

Primera valoración con PeraltaLaw Abogados

Puedes solicitar una consulta gratuita para explicar tu situación y conocer las alternativas que conviene estudiar. El objetivo es que dispongas de información suficiente y de una propuesta concreta para decidir cómo avanzar.

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PeraltaLaw aborda los retos legales de las empresas del campo en una jornada en Aguadulce https://www.peraltalaw.com/2026/10/26/peraltalaw-aborda-los-retos-legales-de-las-empresas-del-campo-en-una-jornada-en-aguadulce/ https://www.peraltalaw.com/2026/10/26/peraltalaw-aborda-los-retos-legales-de-las-empresas-del-campo-en-una-jornada-en-aguadulce/#respond Mon, 26 Oct 2026 22:00:51 +0000 https://www.peraltalaw.com/?p=22176 La Ley de la Cadena Alimentaria, la gestión del agua, las marcas y la financiación de la campaña centrarán la jornada sobre retos legales para las empresas del campo, que se celebrará el 12 de noviembre a las 18:00 horas en Aguadulce, Almería. Las empresas del sector agrario se enfrentan a desafíos que van desde […]

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La Ley de la Cadena Alimentaria, la gestión del agua, las marcas y la financiación de la campaña centrarán la jornada sobre retos legales para las empresas del campo, que se celebrará el 12 de noviembre a las 18:00 horas en Aguadulce, Almería.

Las empresas del sector agrario se enfrentan a desafíos que van desde la seguridad en sus relaciones comerciales hasta la disponibilidad de recursos hídricos o el acceso a financiación. Para abordar estas cuestiones, PeraltaLaw presenta la jornada «Retos y soluciones legales para las empresas del campo».

El encuentro tendrá lugar en el edificio Carrida, en Aguadulce, y analizará cuestiones jurídicas y económicas que afectan a productores y comercializadoras, con atención a sus contratos, la protección de sus intereses y la planificación de la campaña agrícola.

Ley de la Cadena Alimentaria y contratos agrarios

Una de las ponencias estará dedicada a la Ley de la Cadena Alimentaria y a su aplicación en los contratos y transacciones del sector. Se analizará la relevancia de esta normativa para la protección de los márgenes de comercializadoras y grandes productores.

Conocer el marco legal de las relaciones comerciales es un aspecto clave para las empresas del campo, tanto en la negociación de sus acuerdos como en la gestión de sus operaciones.

Ley de Aguas y recursos hídricos

La jornada también abordará la Ley de Aguas y el marco legal de los recursos hídricos en un contexto de escasez. La seguridad jurídica en el acceso al agua y el suministro serán cuestiones de especial interés para las empresas agrarias.

El programa prestará atención a las zonas que apuestan por la tecnología y la innovación en el riego, donde la disponibilidad de agua resulta fundamental para el desarrollo de la actividad.

Marcas y productos importados de terceros países

Otro de los temas será la introducción de productos importados de terceros países bajo marcas que sugieren un origen español. En este ámbito se expondrán posibles estrategias procesales relacionadas con las marcas europeas y de terceros países.

La cuestión afecta a la identificación de los productos y a los intereses comerciales de las empresas que operan en el sector agroalimentario.

Financiación de la campaña agrícola y ayudas

La financiación de la campaña agrícola será otro de los puntos del encuentro. Se tratará la combinación de ayudas públicas y financiación privada para mejorar la liquidez de las empresas, teniendo en cuenta las garantías legales de las operaciones.

El programa incluye también las ayudas relacionadas con las recientes inundaciones.

Colaboración de Miguel Peralta

La jornada contará con la colaboración de Miguel Peralta, abogado especializado en Derecho Mercantil y Civil con 40 años de experiencia.

Fecha, lugar e información de la jornada

Jornada: Retos y soluciones legales para las empresas del campo

Fecha: 12 de noviembre

Hora: 18:00 horas

Lugar: Edificio Carrida, Aguadulce, Almería

Más información: peraltalawempresas.com

Contacto: info@peraltalaw.com

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Conflictos societarios: cómo resolver las disputas entre socios y proteger tu empresa https://www.peraltalaw.com/2026/10/22/conflictos-societarios-como-resolver-las-disputas-entre-socios-y-proteger-tu-empresa/ https://www.peraltalaw.com/2026/10/22/conflictos-societarios-como-resolver-las-disputas-entre-socios-y-proteger-tu-empresa/#respond Wed, 21 Oct 2026 22:47:28 +0000 https://www.peraltalaw.com/?p=22171 Los conflictos societarios pueden poner en riesgo la estabilidad de una empresa, bloquear decisiones y deteriorar las relaciones entre socios. Las discrepancias sobre la gestión, el reparto de beneficios o las funciones del administrador requieren una respuesta jurídica adaptada a cada situación. Contar con asesoramiento desde el inicio permite conocer las opciones disponibles y evitar […]

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Los conflictos societarios pueden poner en riesgo la estabilidad de una empresa, bloquear decisiones y deteriorar las relaciones entre socios. Las discrepancias sobre la gestión, el reparto de beneficios o las funciones del administrador requieren una respuesta jurídica adaptada a cada situación.

Contar con asesoramiento desde el inicio permite conocer las opciones disponibles y evitar que una diferencia termine comprometiendo la continuidad del negocio. Nuestro despacho cuenta con una amplia experiencia en la resolución de conflictos societarios en sociedades mercantiles y cooperativas, tanto mediante negociación como ante los tribunales.

¿Qué son los conflictos societarios y por qué surgen?

Los conflictos societarios son controversias relacionadas con la organización, el funcionamiento o los intereses de una sociedad. Pueden enfrentar a los socios entre sí, a estos con los administradores o a determinados socios con la propia entidad.

Entre sus causas habituales destacan la falta de información, los desacuerdos sobre inversiones, las dificultades para transmitir participaciones y la pérdida de confianza en quienes dirigen la empresa.

También pueden aparecer cuando un socio considera que sus intereses están siendo perjudicados o cuando existe un bloqueo que impide adoptar decisiones necesarias para continuar la actividad.

Defensa del socio frente a decisiones perjudiciales

La defensa de los derechos del socio exige analizar su participación, los estatutos, los pactos existentes y las circunstancias del conflicto. Una actuación temprana ayuda a documentar los hechos y preparar una estrategia coherente.

Nuestro asesoramiento se centra en identificar qué derechos pueden ejercerse, qué documentación resulta necesaria y qué vías permiten proteger los intereses afectados.

La solución puede pasar por negociar nuevas condiciones de convivencia, acordar una salida de la sociedad o iniciar las actuaciones judiciales que correspondan. Cada alternativa debe valorarse atendiendo a sus consecuencias económicas y empresariales.

Actuar a tiempo permite conservar pruebas, valorar alternativas y preparar una estrategia para proteger los derechos del socio y la continuidad del negocio.

Impugnación de acuerdos sociales

La impugnación de acuerdos sociales permite cuestionar determinadas decisiones adoptadas por los órganos de la sociedad. En las sociedades de capital, pueden impugnarse, entre otros, los acuerdos contrarios a la ley, a los estatutos o que lesionen el interés social en los términos legalmente previstos.

No basta con estar en desacuerdo con una decisión. Es necesario estudiar los motivos de impugnación, la legitimación para reclamar y los plazos aplicables. En las cooperativas, debe revisarse su normativa específica.

Responsabilidad de los administradores

La actuación del órgano de administración puede originar controversias cuando se atribuyen perjuicios a decisiones o incumplimientos en el ejercicio del cargo.

La responsabilidad de los administradores requiere analizar la conducta, el daño y los requisitos de la acción correspondiente. Un resultado empresarial negativo, por sí solo, no determina que exista responsabilidad.

Nuestro trabajo incluye revisar la documentación societaria, valorar las actuaciones cuestionadas y preparar la defensa o reclamación adecuada a las circunstancias del caso.

Contratos mercantiles, obligaciones y liquidaciones judiciales

Los conflictos empresariales también pueden derivar del incumplimiento de obligaciones o de diferencias sobre la interpretación de contratos mercantiles. Una redacción clara y una revisión preventiva ayudan a reducir incertidumbres.

Prestamos asistencia en procedimientos judiciales sobre obligaciones y en controversias contractuales, con una estrategia procesal basada en la documentación y los objetivos del cliente.

Cuando la continuidad de la sociedad deja de ser viable y concurren los presupuestos legales, asesoramos sobre disolución y liquidación, incluidas las actuaciones judiciales que puedan resultar necesarias.

Asesoramiento jurídico para resolver conflictos societarios

Resolver una disputa societaria exige combinar conocimiento jurídico, comprensión del negocio y capacidad de negociación. Revisar los estatutos y formalizar pactos entre socios también contribuye a prevenir futuros enfrentamientos.

¿Necesitas resolver un conflicto societario?

Si tienes un conflicto con otros socios o con la administración de tu sociedad, contacta con nuestro despacho. Analizaremos tu situación y las alternativas para defender tus derechos y proteger tus intereses empresariales.

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