Una acera en mal estado, un pavimento resbaladizo o un obstáculo inesperado pueden provocar accidentes. Sin embargo, no todas las caídas en espacios públicos dan derecho a una indemnización. La clave está en determinar si la Administración incumplió sus obligaciones de conservación y seguridad.
Caminar por la calle es una actividad cotidiana que no debería implicar riesgos extraordinarios. Sin embargo, las irregularidades del pavimento, los obstáculos imprevistos o las superficies deslizantes pueden ocasionar accidentes con consecuencias importantes para los peatones.
Cuando esto sucede, surge una pregunta: ¿puede reclamarse una indemnización al Ayuntamiento o a la Administración responsable de la vía?
La respuesta depende de las circunstancias del accidente, de las condiciones del espacio público y, especialmente, de la posibilidad de demostrar que existe una relación entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido.
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No todas las caídas generan derecho a indemnización
Las Administraciones públicas tienen la obligación de mantener las vías públicas en condiciones adecuadas para su utilización. Sin embargo, esta responsabilidad no significa que deban garantizar la inexistencia absoluta de cualquier irregularidad.
La jurisprudencia considera que los peatones también deben prestar una atención razonable al caminar.
Por tanto, para que exista responsabilidad administrativa, el peligro debe superar los riesgos habituales que una persona puede afrontar al transitar por la calle.
Un pequeño desnivel fácilmente perceptible no tiene necesariamente las mismas consecuencias jurídicas que un obstáculo inesperado o una superficie especialmente resbaladiza.
¿Cuándo puede ser responsable el Ayuntamiento?
El artículo 32 de la Ley 40/2015 regula la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
Para que una reclamación pueda prosperar, deben concurrir determinados requisitos:
- Existencia de un daño real: las lesiones o perjuicios deben estar acreditados, ser individualizados y poder valorarse económicamente.
- Relación de causalidad: debe demostrarse que el accidente está relacionado con el funcionamiento del servicio público.
- Ausencia de fuerza mayor: el daño no debe responder a una circunstancia de fuerza mayor.
- Carácter antijurídico del daño: la persona perjudicada no debe tener la obligación legal de soportarlo.
La valoración de estos elementos exige estudiar las circunstancias concretas de cada accidente.
Qué dicen los tribunales sobre las caídas en espacios públicos
Las resoluciones judiciales permiten comprender mejor en qué situaciones puede surgir la responsabilidad de la Administración.
Caídas provocadas por superficies deslizantes
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 16 de diciembre de 2002, examinó el accidente de una peatona que resbaló debido a una mancha de aceite en un paso para peatones.
El tribunal apreció responsabilidad municipal porque, pese a conocerse el peligro, no se habían adoptado las medidas necesarias para proteger a quienes transitaban por la zona.
Obstáculos inesperados en la vía pública
En otra sentencia, de 5 de julio de 2006, el Tribunal Supremo analizó una caída ocasionada por un hilo colocado entre dos árboles, a escasa altura del suelo.
La resolución destacó el carácter imprevisible del obstáculo y el deber municipal de mantener las vías en condiciones adecuadas de seguridad.
Pavimentos que presentan riesgo de resbalones
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una sentencia de 11 de diciembre de 2023, abordó un accidente producido en una plaza cuyo pavimento resultaba deslizante.
El tribunal consideró relevante que existieran soluciones técnicas para reducir el riesgo sin alterar significativamente las características del espacio protegido.
Estos ejemplos ponen de manifiesto que la responsabilidad no depende únicamente de que se produzca una caída, sino de las condiciones que la provocaron y de las obligaciones de prevención y mantenimiento de la Administración.
Las pruebas pueden determinar el resultado de la reclamación
Uno de los aspectos fundamentales es acreditar cómo ocurrió el accidente y cuál fue su causa.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 4 de abril de 2024 recuerda que corresponde inicialmente a la persona reclamante demostrar las circunstancias del accidente y su vinculación con el funcionamiento del servicio público.
Por ello, resulta especialmente importante disponer de elementos que permitan reconstruir los hechos, como fotografías del lugar, documentación médica, testimonios o informes relacionados con el estado de la vía.
Una vez acreditadas las circunstancias que fundamentan la reclamación, corresponde a la Administración probar determinados hechos que puedan excluir o modificar su responsabilidad.
¿Cuánto tiempo hay para reclamar?
El artículo 67 de la Ley 39/2015 establece, con carácter general, un plazo de un año para presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial.
Plazo de reclamación: un año. Cuando se trata de daños físicos o psicológicos, el plazo comienza a computarse desde la curación o desde la determinación del alcance de las secuelas.
La solicitud debe recoger, entre otros aspectos, las lesiones sufridas, el momento en que se produjeron, la relación con el funcionamiento del servicio público y, cuando sea posible, la valoración económica del perjuicio.
¿Qué sucede después de presentar la reclamación?
Una vez iniciado el procedimiento administrativo, se abre una fase de instrucción en la que pueden incorporarse documentos, informes y otras pruebas relevantes.
El procedimiento contempla también, cuando corresponda, un trámite de audiencia para que las personas interesadas puedan formular alegaciones.
Finalmente, la Administración debe pronunciarse sobre la existencia de responsabilidad y, en su caso, sobre la indemnización correspondiente.
Si transcurren seis meses desde el inicio del procedimiento sin que se haya notificado una resolución expresa, la reclamación puede entenderse desestimada por silencio administrativo.
La importancia de analizar cada accidente
Sufrir una caída en una calle, plaza o acera no implica automáticamente que exista derecho a recibir una indemnización.
La cuestión determinante es establecer si el estado de la vía o la existencia de un peligro que excedía los riesgos ordinarios del tránsito peatonal contribuyó al accidente de forma jurídicamente relevante.
Por este motivo, conocer las circunstancias del suceso, reunir las pruebas necesarias y respetar los plazos legales resulta esencial para valorar la viabilidad de una reclamación frente a la Administración.



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